“La cárcel de El Rodeo no le da alimento a ninguno de los privados de libertad, lo cual ha ido deteriorando la salud de los pemones, lo que tiene a cinco de los trece con problemas de salud y a Salvador Franco con riesgo grave”, dijo a Infobae el abogado Olnar Ortiz, quien es indígena Bare, Defensor de DDHH y Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal.
Relata que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales, incluso en el Tribunal que lleva la cauda, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, así como a los delegados en Caracas de la Alta Comisionada y de la ONU en Ginebra.
El caso de los pemones hace referencia a 13 miembros de comunidades indígenas de la Gran Sabana, quienes están detenidos por su participación en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Esa operación militar la comandaron un grupo de oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañados por pemones.
Los trece indígenas detenidos son: Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Salvador Fernando Franco, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
Ortiz destaca que “desde el primer momento en que ellos fueron trasladados, en mayo 2002, a la cárcel de El Rodeo, hemos denunciado, primero el traslado sin orden judicial por lo que Amnistía Internacional se pronunció. Desde el primer momento que llegan al Rodeo señalamos las condiciones de insalubridad de ese centro penitenciario, además de que está sobreproblado, no tiene condiciones de acueductos de aguas servidas y agua potable; a ellos les llega agua en camiones cisterna y es la que también deben consumir”.
“En junio ya los indígenas detenidos presentan problemas gastrointestinales que, según el diagnóstico del médico del centro penitenciario, señalando que algunos con síntomas de amibiasis. NO les permitían el acceso de alimentos ni medicinas, por el tema de la pandemia. Recurrimos al comandante del destacamento que presta el servicio de seguridad al penal para poder ingresar los medicamentos. Desde julio, empiezan a presentar síntomas asociados al Covid19 que denunciamos, pero nunca les hicieron exámenes de despistaje, ni para ellos, ni para nadie en el penal”.
Varios de los contagiados y enfermos fueron recuperándose, pero no sucedió así con Salvador Franco cuyo estado de salud fue empeorando “hasta llegar a la situación de hoy donde tememos por su vida; él está muy mal, ha perdido mucha masa muscular, mucho peso”.
Agrega Olnar Ortiz que “en septiembre 2020 denunciamos que desde mediados de agosto y principios de septiembre, las autoridades del penal permiten la visita de los familiares, pero no a los abogados, pero más que todo con la intención que les lleven alimentos preparados, porque no permiten víveres porque alegan que el penal no tienen condiciones para que los detenidos preparen sus alimentos”.
“En el caso de los pemones es muy complicado porque ellos están lejos de sus comunidades indígenas, lejos de sus familias. Ha sido muy importante el apoyo de Felicia Pérez, madre de tres de los pemones, quien logró conseguir albergue en el convento de las Hermanas Franciscanas, que han colaborado y junto al Foro Penal y otro grupo de personas han logrado brindar alimentos y traslado al penal dos días por semana de alimentos no perecederos”.
Torturados
Por el caso de la Operación Aurora, ocurrida en la madrugada del 22 de diciembre 2019, hay en la causa 27 personas entre civiles y militares, incluyendo los 13 pemones. (http://www.sebastianasinsecretos.com/2020/09/un-militar-de-la-operacion-aurora.html)
Según explica Ortiz, varios pemones se entregaron el 22 de diciembre, luego de que retornaran a su comunidad; otros, entre el 28 y 30 de ese mes fueron detenidos en distintas comunidades.
Resalta que ellos nunca han negado su participación en la Operación Aurora. “La versión que han sostenido los pemones es que a ellos los buscaron para realizar trabajos en una mina, no sabían que los estaban involucrando en el asalto a un cuartel.
“Los engañaron cuando los fueron a buscar el 21 de diciembre en la tarde. A todos ellos los obligaron a dar testimonios en el momento en que fueron detenidos y trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fueron coaccionados, maltratados y torturados para que ellos rindieran testimonio de su participación en el hecho”.
Aquellos indígenas que se entregaron el día 22, en presencia del capitán de la etnia y sus familiares, lo hicieron con el acuerdo de que ellos no negaban su participación, pero aclarando que los llevaron de manera engañosa y que por eso se estaban entregando. “Desde el primer momento los empezaron a maltratar, incluso los sometieron a asfixia mecánica en la DGCIM. A algunos les arrancaron las uñas”.
Un primer grupo de los pemones fue presentado, en Guasipati, el 27 de diciembre 2019, ante un Tribunal Militar, que después declinó su competencia ante el Tribunal Cuarto de Control de Terrorismo en Caracas anulando todas las actuaciones del Tribunal Militar; ese grupo fue presentado el 10 de enero 2020. El segundo grupo fue presentado el 22 de febrero 2020.
Desaparición forzosa
“En el primer grupo se encontraba Frank Fernández, que fue herido, y no fue presentado el día 10 de enero sino en fecha posterior, de manera que estuvo en condición de desaparición forzosa durante 60 días; ni sus familiares ni siquiera nosotros, sus abogados, sabíamos dónde estaba ni en qué condiciones. La Dgcim negaba que él estuviera en sus instalaciones”, asegura el abogado indígena.
Explica Ortiz que “la Dgcim como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tienen esa figura de ‘periodo de adecuación’ (medida de acostumbramiento) de manera que no permiten, por más de 45 días, la visita de familiares ni de abogados. Por ello no sabíamos donde estaba Fernández ni otros de los indígenas. Casi todos fueron víctimas de desaparición forzosa”.
“La última audiencia de presentación del segundo grupo fue el 22 de febrero 2020, pero luego se implementaron las medidas sanitarias de la pandemia por el coronavirus. La primera audiencia preliminar iba a ser a finales de octubre 2020, la cual fue pospuesta durante cuatro oportunidades hasta que por fin se realizó el 25 de noviembre 2020, cuando fueron acusados de cinco delitos, entre ellos terrorismo y asociación para delinquir”.
“El 2 de noviembre conocimos la decisión del juez acusándolos de los cinco delitos. En esa audiencia el juez, a solicitud de los abogados, ordena el traslado de todos los pemones, para la revisión médica, haciendo principal énfasis en el caso de Salvador Franco que está actualmente muy delicado de salud, según hemos sabido por sus familiares que está tosiendo sangre”, finaliza diciendo el abogado Olnar Ortiz.
Tomado de Infobae
