Los cinco hombres y una mujer obtuvieron la misma medida: régimen de presentación cada ocho días a partir de enero por la actual situación de pandemia, prohibición de participar en concentraciones públicas, declarar a los medios, hacer publicaciones políticas en las redes sociales y todo tipo de vinculación con acciones de protesta.
Familiares manifestaron su alegría por tener de vuelta a sus familiares en casa. Sin embargo, no dejan de lamentar que los tres meses de detención han dejado grandes secuelas, sobre todo en los que padecen enfermedades crónicas y no pudieron seguir su tratamiento en el tiempo que estuvieron privados de libertad.
De los detenidos, un hombre tiene discapacidad visual y motora, otro tiene condición hemofílica y la única dama es paciente oncológica.
En la primera actuación en su contra les fue imputado cuatro delitos: instigación al odio, contemplado en el artículo 285 del Código Penal; tenencia de sustancia incendiaria, artículo 296; obstrucción a la vía pública, artículo 357; y asociación para delinquir, artículo 37 de la Ley Sobre la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Activistas de Derechos Humanos calificaron el hecho como detenciones arbitrarias, pues algunos solo pasaban por el lugar al momento de la revuelta y la mujer fue detenida en la sede de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) cuando fue a conocer acerca de la detención de su esposo.
A la decisión de este caso antecedió la liberación de otras 24 personas detenidas por la misma razón, manifestación contra la escasez de gasolina y también se les fue otorgada libertad condicional.
