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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó radicar en Caracas el proceso abierto contra siete funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) imputados por su presunta vinculación con la sustracción de 120 panelas de cocaína de un lote incautado, según se lee en la sentencia N° 110 redactada por el magistrado Maikel Moreno.
Los siete militares están adscritos al Destacamento de Vigilancia Costera de Falcón. En razón de ello tomaron parte de un procedimiento efectuado el pasado 21 de junio en las costas de Falcón donde avistaron una embarcación con cuatro tripulantes a la cual le dan persecución, según el acta que posteriormente levantaron. Los sujetos huyen y abandonan la embarcación en Punta Gorda, entre Tucacas y Chichiriviche (Falcón).
Un acta del procedimiento dice que dentro de la embarcación había 205 panelas de cocaína metidas en ocho sacos que suman 230 kilos. De esa cantidad presuntamente sustrajeron 120 panelas que se las vendieron a William Armando Smith Bravo, alias «El Enano», familiar de Emilio Henrique Martínez (Chiche Smith). «El Enano» encabeza un grupo delictivo que usa embarcaciones para traficar drogas hacia las islas del Caribe, reseña la sentencia.
Por ese hecho, fueron imputados el pasado 4 de julio los siete militares, entre ellos el coronel de la GNB Germán Antonio Briceño Delgado, comandante de la Destacamento de Vigilancia Costera N° 13 Falcón y Freddy Alejandro Pacheco Morgado, comandante de la Estación de Vigilancia Costera Amuay.
Los demás imputados son los sargentos Enrique Javier Avilé García, Rafael Ángel Tales Cañizales, José Lisandro Layas Guarenas, Yormar José Chacón Sánchez y Gratiel de Jesús Monsalve. La audiencia de presentación de los detenidos se llevó a cabo en el Tribunal 1° de Control extensión Punto Fijo, Falcón a cargo de Saralee Lucía Gómez en presencia de los fiscales Rosalba Hernández, Enrique Beltrán, Vennelys Arteaga y Adrián Gárate. A los detenidos les imputaron sustracción de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, asociación y falso testimonio ante funcionario público, entre otros delitos.
Revelación
Uno de los imputados reveló en una declaración ante el Ministerio Público que el propio capitán Pacheco Morgado le dijo que buscara en el sector Rancho Grande (Falcón) 26 panelas adicionales a las 120 ya sustraídas que se encontraban ocultas en una playa. “Luego de eso nos vinimos el capitán Pacheco y mi persona y se la entregamos en la vía al Enano por el sector de Pueblo Nuevo”, dijo el militar imputado.
Los representantes del Ministerio Público detectaron que en Falcón existe un “obstáculo” para que se prosiga el procesamiento penal de los militares en esa entidad. Por esa razón solicitaron a la Sala Penal que radicara en otro estado ese expediente.
Un pedimento similar formuló Susana Barreiros Rodríguez, abogada defensora del coronel Briceño Delgado quien denunció “una actitud complaciente” de parte de la jueza Saralee Lucía Gómez hacia los planteamientos del Ministerio Público. “Estamos convencidos que no existen garantías para el juzgamiento del coronel Briceño Delgado… ni para los demás imputados en esta causa”, adujo Barreiros Rodríguez.
Los magistrados analizaron el asunto y concluyeron que tanto los argumentos explanados por el Ministerio Público como los de la abogada Barreiros Rodríguez, “se apoyan en circunstancias que permiten verificar la perturbación del proceso por la existencia de un delito grave, cuya perpetración ha causado alarma en el ámbito territorial donde el juicio se está desarrollando”.
La Sala Penal también detectó que el Ministerio Público ha vinculado a los militares imputados con “miembros de grupos irregulares que operan de forma estructurada y organizada en el estado Falcón”. Dicha circunstancia “incide en el ánimo y la seguridad de los testigos y las víctimas en el presente caso”, alertaron los magistrados al momento de darle el visto bueno a la solicitud de radicación del expediente.
En consecuencia, los magistrados declararon “ha lugar” el recurso de radicación y ordenaron que ese proceso se siga desarrollando en un tribunal de Caracas. Por ello giraron instrucciones a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, para que remitan de manera inmediata el expediente original a fin de que sea distribuido a un tribunal de primera instancia de Control.
Vía ÚN
