En estos tiempos de pandemia, cuando hablamos de un nuevo orden internacional es fundamental considerar el tema de la justicia; imperativo que junto a la libertad son esenciales para la convivencia, la cooperación y el pleno ejercicio de la democracia. Teóricos del derecho como el jurista italiana Luigi Ferrajoli, en la misma línea que su profesor Norberto Bobbio, hace indisoluble el binomio libertad y justicia. Con el Covid-19 fracasó el modelo capitalista tan exitoso en el campo de la economía y las finanzas, pero incapaz de responder a la crisis sanitaria y a la asistencia médica que ha exigido este virus. Cada día son más las dramáticas cifras de contagiados y fallecidos, sin la atención médica necesaria en Estados Unidos y la Unión Europea. También es negativo el balance de las experiencias comunistas y neomarxistas donde bajo una pretendida afirmación de la justicia social han ahogado las libertades individuales; es el caso de la China continental, en nuestro continente, Cuba y el extremo, Corea de Norte. Lo mismo ha ocurrido en los Estados que han implementado sistemas mixtos con el predominio del modelo liberal o del esquema socialista, especialmente en el tercer mundo.
Con el Sars-Cov-2 todos los gobiernos han caído en la tentación de fortalecer el poder de sus gobiernos bajo el criterio de la preocupación por la salud. Es lo que recientemente el filosofo francés Bernard-Henri Lévy graficaba como el hospital universal, donde peligra el pacto republicano que ha orientado a nuestras sociedades hacia un posible “Pacto Vital” con la Espada de Damocles del miedo permanente ante la enfermedad y la muerte.
Recientemente el profesor Ferrajoli afirmaba que esta experiencia del coronavirus pueda provocar un despertar de la razón, generando la plena conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra interdependencia global. Reclama ante la falta de adecuadas instituciones globales la necesidad de una nueva constitución mundial que pueda sintetizar las diferentes cartas internacionales de los Derechos Humanos y tenga una base común en un nuevo Constitucionalismo Internacional; denominado Constitucionalismo Planetario bajo el principio de la supranacionalidad.
En América Latina no hemos podido lograr avances en el constitucionalismo continental y son negativos los balances de la integración en los sistemas como Mercosur; CAN; Caricom; SICA; Alianza del Pacifico; ALBA; Celac; y en el trabajo de los Parlamentos como el Latinoamericano y en los subregionales y regionales. Deberíamos aprender de la Unión Europea en ese proceso pragmático pero pleno de idealismo de una unión de pueblos y estados en la diversidad. El propio tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (antigua Comunidad Económica Europea) lo prevé en el art. 168 sobre la necesaria cooperación tan importante como lo ha demostrado en estos tiempos de la pandemia: “la Unión Europea garantizará un alto nivel de salud humana” y afirma “los Estados miembros, en colaboración con la comisión coordinarán entre sí sus políticas”. A pesar de lo sorpresivo del Covid-19 y la falta de preparación, es este sistema de integración con sus 27 Estados son quienes mejores han respondido a los desafíos presentes.
Las constituciones europeas vigentes, a diferencia de las constituciones liberales que han orientado el capitalismo mundial y de las constituciones marxistas con el poder absoluto del Estado, son constituciones para instituciones estatales donde se combinan el Estado de Derecho y el Estado Social. Es por eso, por lo que el Parlamento Europeo ha intervenido directamente adoptando medidas de fomento y protección de la salud humana; como lo establece el tratado para proteger y mejorar la salud humana particularmente en casos de pandemia transfronterizas. En su art. 222 de la Constitución Europea se estableció una cláusula de solidaridad que obliga casi a los 500 millones de habitantes de Europa en sus 5 millones km2 con el precepto de que: “la Unión y los Estados Miembros actuaran conjuntamente y con espíritu de solidaridad cuando un Estado sea víctima de una catástrofe natural”.
La Comisión Europea en su seno tiene 27 representantes como comisarios de la salud, y son los que han venido coordinando los trabajos a nivel nacional y comunitario. Han sido cuidadosos los europeos frente a los abusos de regímenes liberales o socialistas que en esta situaciones de pandemia han declarado estados de emergencia y de excepción limitando libertades fundamentales; muy útiles a los gobiernos autoritarios para el control por vía de decreto dejando de lado los parlamentos y las consultas electorales. Un sistema democrático puede tener sus propias restricciones sin los llamados estados de excepción, por eso los constitucionalistas italianos cuando aprobaron la Ley Suprema de la República de Italia en 1947 dejaron de lado todo lo que pueda ser considerado estado de alarma, emergencia o excepción. Y aquellos que si lo admiten constitucionalmente, como España en su art. 116 lo blindan con el necesario control parlamentario y con leyes especiales.
En esta nueva arquitectura internacional será esencial relacionar los principios de la jurisdicción universal y de la complementariedad jurídica y política de los Estados Nacionales, hacia la necesaria comunidad mundial bajo el principio del bien común universal y la justicia social internacional.
