La audiencia por el intento de magnicidio o el Caso del los Drones ya está en su fase de juicio. La juez Hennit Carolina López Mesa asegura que es independiente en sus decisiones. Aun así, ha dicho en el Tribunal, ante los vacíos e incongruencias por parte de los expertos promovidos por la Fiscalía, que ello será notificado al Fiscal General para que se adopten medidas correctivas. Según ella, alguien tomará medidas después. El trato contra los presos políticos es brutal.
La DGCIM y el SEBIN envía a sus “expertos” y las pruebas sobre las implicaciones, con bastantes ranuras éticas y procedimentales que ponen en duda al juicio, explica un abogado a Infobae. “Uno de esos hechos es que, en muchos casos, los funcionarios que llevan a declarar no son los mismos que suscriben las actas de investigación”.
De ahí viene la común respuesta de los testigos: “yo no estuve en el lugar de los hechos”, “no fui yo quien recogió las pruebas” “no recuerdo porque eso ocurrió hace mucho tiempo”. En un día han promovido hasta 17 expertos, como esos.
Es relevante que los funcionarios que secuestraron a los imputados, es decir, los detuvieron y desaparecieron, de sus residencias u oficinas, por horas o días, sin ordenes de detención, no son los mismos que firmaron las actas que hacen constar en su detención.
A eso se le agrega que las experticias no son valoradas por expertos acreditados, porque la mayoría son personas sin conocimiento ni facultad para servir como testigos. Es insólito que “expertos” que no son tales sean los promovidos por la Fiscalía.
La juez 27 de Terrorismo en Funciones de Juicio, Hennit Carolina López Mesa, dijo en el Tribunal que hasta el momento han promovido a todos los funcionarios actuantes y a los expertos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En esta fase de juicio se debe validar la actuación de ellos, según las pruebas promovidas por el Ministerio Público contra los 16 civiles y militares imputados por intento de magnicidio ocurrido contra Nicolás Maduro el 4 de agosto 2018.
Hay coincidencia, entre quienes tienen acceso al juicio, que lo dicho por los funcionarios “expertos” no evidencia prueba alguna, solo suposiciones e incongruencias, que revelan falsedades y dejando en evidencia a los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinorah Bustamante.
En los juicios se oyen cosas asombrosas. Algunas de las pruebas es que un militar oyó a alguno en el Comando diciendo que “la comida escasea en los cuarteles” “hay corrupción” “el dinero no alcanza ni para el pasaje”.
Son risible los argumentos de algunos fiscales al quejarse ante los complacientes jueces: “tratan de confundir al testigo”, demostrando que quienes declaran expertos no están seguros de lo que dicen.
Los juicios
En octubre se iniciaron los juicios, después que José María Aranaz, comisionado de Bachelet, empezó a visitar regularmente a Venezuela y a dar recomendaciones para que el Gobierno de Nicolás Maduro respondiera a las denuncias sobre violación de derechos humanos.
El Palacio de Justicia de Caracas
Lo que importa ahí para ellos es la forma, no la justicia ni el debido proceso. Desengavetaron casos de presos políticos que tenían varios años detenidos y que por los vicios procesales debieron ser liberados; los jueces casi nunca respondieron las apelaciones.
En los casos más emblemáticos, como el de los Drones, les niegan a varios de los imputados las visitas del abogado, violándoles así el derecho que tiene el detenido a ser asesorado por su defensor, incluso prohibiéndoles el acceso a leyes, Constitución, lápiz y papel dónde escribir.
En el caso de los militares presos, son castigados si dicen o hacen algo en el Tribunal que no sea del agrado de los custodios, como ocurrió con Igber Marín Chaparro y el comandante Ruperto Molina, quienes fueron trasladados a celdas más pequeñas, siendo incomunicados sin tener acceso a su ropa ni medicamentos,
A eso se le agrega que, con la excusa de la discrecionalidad, los jueces se inventan excusas para no cumplir con el ingreso de la prensa ni familiares a los juicios que deben ser orales y públicos.
Ahora bien, los comandantes del Movimiento de Transición del Pueblo detenidos en marzo 2018, cumplieron más de dos años en prisión y sin juicio. Igual sucedió con los Comandos del Mar, detenidos en mayo 2018 o los Drones de agosto 2018. “A todos esos casos los arropa el Decaimiento de las Medidas Cautelares, porque la Sala Constitucional sentó jurisprudencia al determinar, en la Sentencia 2398 del 28 de agosto 2003, que si una persona no había sido juzgada durante dos años debía declarar la libertad del detenido”, dice un abogado.
Teniente de Navío Abel Angola, custodio de la DGCIM
Los juicios se están haciendo a puertas cerradas, sin que los delegados de Michelle Bachelet en Venezuela hayan actuado ante la solicitud de familiares de los detenidos.
Hay que resaltar que en una de las últimas audiencias la juez dijo que ya tiene casi lista la sentencia, lo que asustó a los imputados y abogados, porque en base a qué avanzó a esa decisión si solo han evacuado el 50% de las pruebas.
Hasta ahora los funcionarios de la Dgcim o Sebin no han logrado demostrar lo que colocaron en las actas. Pruebas dudosas, testigos que no quieren declarar.
Hay tres personas de los involucrados en el manejo de los drones, detenidos el mismo día del evento y están en los sótanos de la DGCIM: Alberto José Bracho Rozquez, José Miguel Estrada González y Yolmer José Escalona Torrealba.
Ellos fueron sacados arbitrariamente de sus celdas por el custodio alias Financiero quien los condujo al lugar llamado La Pecera. Allí se encontraba el teniente de navío Abel Angola alias Aureliano, quien los obligó a cambiarse de ropa, varias veces, para ser sometidos a reconocimiento de una mujer, que fue promovida como testigo.
Este martes 15 de diciembre, a las 2 de la tarde, habrá nuevamente audiencia en el Palacio de Justicia.
